Denuncian sacrificio humano en mina de Santiago de Chuco
Consternación y exigencia de justicia en la sierra de La Libertad tras crimen ritual en mina artesanal
Un hecho de horror y conmoción ha sacudido la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. Familiares y ronderos han denunciado el presunto asesinato ritual de Martín Narcizo Cruz, un anciano de 107 años, quien habría sido sacrificado en el caserío de Ollon con el supuesto objetivo de aumentar la producción en una mina artesanal de la zona.
La denuncia fue presentada por Norma Bolaños Narciso, nieta del fallecido, y por Aydé Salvatierra, familiar cercana, quienes relataron que tras el crimen, el cuerpo del anciano habría sido subido a un volquete dentro de un saco cubierto de mineral y posteriormente trasladado hasta una planta procesadora de oro, ubicada en el Parque Industrial de Trujillo. Según las declaraciones recogidas, el móvil del asesinato respondería a antiguas creencias y prácticas rituales que, lamentablemente, persisten en ciertos sectores mineros, donde se cree que el sacrificio humano puede “atraer riqueza” o “apaciguar la tierra”.
“Queremos justicia para mi abuelo y que las autoridades no dejen este caso impune. No hemos recuperado el cuerpo y solo buscamos darle cristiana sepultura”, declaró Norma Bolaños entre lágrimas, exigiendo una investigación exhaustiva y la intervención del Ministerio Público. La familia y la comunidad han iniciado la búsqueda del cadáver, pidiendo apoyo a las autoridades locales y regionales.
Por su parte, los ronderos del caserío lograron la captura del presunto dueño de la mina, principal sospechoso del crimen. Según fuentes cercanas a la investigación, el capturado habría confesado detalles del sacrificio durante su retención, aunque aún se espera el pronunciamiento oficial de la policía y la fiscalía sobre la autenticidad y motivaciones del crimen.
El caso ha encendido la alarma sobre la necesidad de supervisión y control en la minería informal, así como sobre la persistencia de creencias ancestrales que derivan en prácticas violentas y delitos de lesa humanidad. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han expresado su repudio y solicitado que se refuerce la presencia estatal en zonas mineras alejadas, donde muchas veces la ley no alcanza y la justicia es precaria.
Mientras tanto, la familia Narcizo Cruz y la comunidad de Ollon viven horas de angustia e incertidumbre, exigiendo justicia y la pronta recuperación del cuerpo del anciano. El caso pone en evidencia la urgencia de sensibilizar y educar a la población sobre el respeto a la vida y los derechos humanos, erradicando de raíz cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas en nombre de la superstición o la ganancia.