Chile lanza primera Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería: ¿qué lecciones deja para el Perú?
El Gobierno de Chile presentó la primera Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, un hito que busca reducir a cero las fatalidades en faenas mineras y fortalecer la protección de los trabajadores del sector.
La iniciativa destaca por su carácter tripartito, ya que fue construida con la participación conjunta de Estado, empleadores y trabajadores, en línea con los Convenios 176 y 187 de la OIT, que Chile ha ratificado recientemente.
La política se elaboró tras talleres en siete regiones mineras, lo que permitió recoger particularidades territoriales y necesidades específicas de faenas de gran escala, pero también de la pequeña minería, tradicionalmente más expuesta a riesgos. El documento establece responsabilidades claras entre ministerios, servicios fiscalizadores, asociaciones y mutualidades, además de mecanismos de seguimiento con indicadores de gestión.
Entre los ejes centrales se encuentran:
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Fatalidad cero como objetivo nacional.
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Enfoque especial en la seguridad de la pequeña minería.
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Fortalecimiento de la institucionalidad y coordinación intersectorial.
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Implementación operativa con metas, fiscalización y acciones concretas.
¿Qué puede aprender el Perú?
En el caso peruano, la minería también es una de las principales actividades económicas y, al igual que en Chile, enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad y salud ocupacional. Aunque existen regulaciones y organismos fiscalizadores, los accidentes mineros continúan siendo una preocupación recurrente.
Algunas lecciones que deja la experiencia chilena para el Perú son:
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Diálogo tripartito formalizado: reforzar la participación de trabajadores, empleadores y Estado en la elaboración de políticas, asegurando que la normativa se adapte a la realidad de cada región minera.
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Atención a la pequeña minería y minería artesanal: al igual que en Chile, este sector concentra mayores riesgos en Perú. Se necesitan programas específicos de capacitación, asistencia técnica y regulación diferenciada.
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Fortalecimiento de la fiscalización: garantizar que los organismos de control cuenten con recursos suficientes y mecanismos transparentes para hacer seguimiento a la seguridad en faenas mineras.
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Cultura preventiva y meta de “fatalidad cero”: establecer objetivos nacionales de reducción de accidentes, acompañados de incentivos para empresas responsables y sanciones efectivas para quienes incumplan.
Conclusión
La política chilena marca un precedente en la región y plantea un modelo que el Perú podría analizar e incluso adaptar, especialmente en lo relativo a participación tripartita, fortalecimiento institucional y atención a la pequeña minería.
Adoptar un enfoque integral y preventivo no solo protegería a los trabajadores, sino que también reforzaría la sostenibilidad y reputación de la industria minera peruana a nivel global.